Hay un límite que, tarde o temprano, toda persona que trabaja en educación termina reconociendo: el punto en que la vocación deja de ser un refugio y comienza a ser una carga. No porque la enseñanza haya perdido sentido, sino porque las condiciones materiales y simbólicas que la rodean han sido erosionadas hasta volverla casi irreconocible. En Misiones, esta sensación no es individual ni excepcional; es un clima, una atmósfera que atraviesa pasillos escolares, institutos de formación docente y espacios de discusión profesional. Y aunque cada docente podría contar su propia historia, hay patrones que se repiten con obstinada claridad.
El primero —y tal vez el más palpable— es el deterioro salarial. Nombrarlo parece casi un lugar común, pero omitirlo sería un gesto de negación. Los sueldos que se perciben en la provincia no guardan coherencia con la responsabilidad del trabajo docente ni con el costo de vida actual. Pretender que alguien sostenga proyectos, formación continua, estabilidad emocional y compromiso pedagógico cuando apenas puede sostener su propia vida diaria es pedirle que opere desde el agotamiento permanente. Un sistema sostenido por el agotamiento es, por definición, un sistema en crisis.
A este panorama se suma una práctica que, aunque suele presentarse como “administrativamente legítima”, atenta contra la equidad laboral: los convenios entre institutos de formación docente que contratan prioritariamente a sus propios egresados, incluso cuando esos títulos no cuentan con alcance formal para desempeñarse en el nivel superior. Esta situación vulnera normativas y, sobre todo, instala una lógica corporativa que clausura oportunidades para colegas formados específicamente para el nivel terciario. Sin concursos transparentes ni criterios rigurosos, la selección docente se vuelve opaca y excluyente.
El problema se agrava porque, en la práctica, no existe un mecanismo estatal específico, sistemático y eficaz que controle estas designaciones, ni que garantice que los institutos respeten los alcances de título establecidos en la normativa. Puede haber áreas administrativas con competencias generales sobre el nivel, pero ninguna interviene de manera consistente para impedir que instituciones privadas —o incluso públicas— contraten egresados cuyos títulos no habilitan el ejercicio en el nivel superior. Esta ausencia de control sostenido no solo permite, sino que habilita de hecho la reproducción de desigualdades. Y cuando la arbitrariedad no encuentra límites, termina convirtiéndose en norma.
Ahora bien, sería simplificador adjudicar este problema a una única causa. Los convenios irregulares funcionan porque existen vacíos legales que nadie se detiene a subsanar, porque la fiscalización estatal es débil, porque en algunos espacios prevalecen vínculos internos por encima de la idoneidad profesional, y porque el sistema necesita cubrir cargos rápidamente sin revisar si esos nombramientos producen inequidades. Es en esa combinación de urgencias y omisiones donde se vuelven posibles las injusticias más persistentes.
Quien queda fuera —yo, y muchos otros— no lo hace por falta de formación, ni por ausencia de dedicación, ni por falta de deseo de enseñar. Queda fuera porque el sistema prioriza mecanismos que poco tienen que ver con la excelencia académica o la responsabilidad institucional. Es un tipo de marginación silenciosa: no se anuncia, no se discute abiertamente, pero opera eficazmente. El mensaje implícito es claro: no es suficiente formarse, titularse, especializarse. Siempre habrá una puerta que se cierre por motivos que no figuran en ninguna resolución oficial.
Y aquí aparece el hartazgo. No como reacción desmedida, sino como consecuencia natural de un proceso prolongado en el que el esfuerzo profesional no encuentra correspondencia. El hartazgo surge cuando la vocación es invocada para justificar sacrificios, pero nunca para garantizar derechos. Cuando las instituciones exigen excelencia, disponibilidad y flexibilidad, pero responden con precarización, falta de oportunidades y decisiones arbitrarias. Cuando se pide compromiso, pero se devuelve incertidumbre.
Sin embargo, reconocer esta realidad no implica caer en el derrotismo. Implica, más bien, hacer visible una estructura que se sostiene en silencios. Porque si algo tiene de paradójico el sistema educativo misionero es que depende absolutamente del trabajo docente, pero al mismo tiempo lo subvalora en cada una de sus decisiones políticas y administrativas. Y esa contradicción no puede sostenerse de manera indefinida sin consecuencias para la calidad formativa.
Por eso este artículo es, a la vez, un diagnóstico y un reclamo. Un intento por nombrar lo que suele quedar atrapado en conversaciones informales, en quejas de pasillo, en frustraciones que se naturalizan. La docencia en Misiones necesita que su voz –incluso cuando nace del hartazgo— sea escuchada como advertencia. Porque si el sistema continúa operando con salarios indignos, con criterios de selección arbitrarios y con oportunidades distribuidas según conveniencias internas, no solo se perjudican los docentes excluidos: se debilita la legitimidad institucional y la confianza en la educación pública como proyecto colectivo.
El hartazgo, entonces, no es un final: es un límite. Y también una señal. Allí donde el cansancio se vuelve estructural, la transformación es urgente.
José Toro
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