A cincuenta años del golpe de Estado perpetrado en 1976, millones de personas en todo el país saldrán a las calles para condenar el genocidio, honrar la memoria de las víctimas, exigir justicia y reafirmar el clamor fundamental del Nunca Más. Los medios de comunicación y las redes sociales se inundarán de contenidos alusivos, alimentando el fuego de la memoria en momentos en que, quizá como pocas veces antes, en simultáneo se acrecienta el negacionismo y la reivindicación del terrorismo de Estado. Esta avanzada no se restringe únicamente al plano discursivo, ya que forma parte de la narrativa pero también de las acciones del gobierno nacional, que ostenta el poder en la Argentina desde el 10 de diciembre de 2023. Ataques directos, persecución y violencia contra organizaciones y militantes, desmantelamiento de instituciones oficiales de Derechos Humanos, se conjugan en el mileísmo con la ejecución de políticas que en lo económico y social rinden tributo a la dictadura de Videla y compañía.
Historia y Memoria, de la mano
“Los discursos negacionistas son fases inherentes a los procesos genocidas, que buscan garantizar su impunidad y perpetuar sus consecuencias simbólicas y materiales”, resume la abogada Verónica Torras, del Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS).
Esta semana, la revista Anfibia publicó al respecto uno de los textos más lúcidos que quien escribe estas líneas pudo leer. Se titula “Con los pañuelos no alcanza” y su autor es el profesor de historia Manuel Becerra.
El artículo plantea “recuperar la Historia como herramienta para pensar el presente y sostener el diálogo en el aula frente a una nueva generación que llega con preguntas que cuestionan una narrativa con signos de agotamiento”, y es una valiosa interpelación al abordaje educativo de la cuestión. Becerra advierte que “hoy, pensar y debatir con argumentos es profundamente contracultural. Y, muchas veces, incómodo hasta para nosotros mismos. Pero Argentina conmemora los 50 años del golpe bajo un gobierno que hace de la agresión, la impulsividad irracional y la mentira las únicas columnas de su narrativa”.
Ante ello, en el último párrafo de su escrito, el docente afirma que “si la Memoria era y es la bandera contra el olvido, la Historia debe ser la bandera de la escuela contra la barbarie. Es hora de que marchen juntas, porque los brujos han vuelto para nublarnos el camino, pero la historia está de nuestro lado”.
Foto: Marcos Mattos. La fotografía forma parte de una muestra compuesta por más de 20 imágenes del autor sobre la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que será expuesta en la Asociación Cultural Sanmartiniana (calle Junín, entre Catamarca y Salta) desde el 24 de marzo en Posadas, Misiones.
Negacionismo a la misionera
El análisis y las propuestas de Becerra se centran en el ámbito educativo, pero el problema no está solo en las nuevas generaciones. Misiones es un ejemplo de ello. En nuestra provincia, las diatribas negacionistas se instalan incluso en las más altas esferas gubernamentales. Micaela Gacek, actual Subsecretaria de Industria que en las últimas elecciones legislativas compartió fórmula con Oscar Herrera Ahuad por el Frente Renovador de la Concordia, hizo declaraciones negacionistas en marzo de 2025, sin que esto tuviera ningún tipo de consecuencia ni sanciones. En sintonía y el mismo año, la concejal del municipio de Montecarlo, Patricia Buckmeyer (que además es docente) publicó en sus redes sociales una reivindicación al “Falcon Verde”, situación que le valió un apartamiento de su cargo docente pero no le impidió asumir y ejercer como edil. Y aunque fue denunciada por apología del delito, hasta el momento no se dictaron penas en su contra.
En 2024, el represor condenado a cadena perpetua Horacio Losito visitó el Regimiento de Infantería Monte 30 de Apóstoles, donde fue homenajeado. Losito había sido beneficiado con la libertad condicional en la misma semana que Javier Milei asumió la presidencia. Meses después, la Justicia le revocó a Losito (condenado en la causa Margarita Belén) la libertad condicional, por lo que debió volver al régimen de prisión domiciliaria.
Estos son solo algunos episodios de negacionismo explícito y reivindicación de la dictadura circunscriptos al ámbito provincial, que retratan un signo de época amplificado, muchas veces tanto en medios de comunicación como en redes sociales, ante la ausencia de normativas capaces de prevenir o erradicar ese tipo de conductas. En este sentido, una novedad auspiciosa proviene del ámbito legislativo. Hace apenas unos días, el Partido Agrario y Social presentó en la Cámara de Representantes de la Provincia un proyecto que propone penas efectivas para todo funcionario público que incurra en conductas negacionistas o de “cualquier tipo de glorificación, apología, banalización, relativización o minimización de la violencia ejercida contra civiles durante la dictadura”.
También resulta importante discernir aquellas expresiones negacionistas que emanan simplemente de la ignorancia o el odio, de las que funcionan como una herramienta concreta para ponerle un límite o debilitar los procesos judiciales a militares y evitar el demorado y necesario avance de la justicia sobre los múltiples partícipes necesarios de la sociedad civil.
Juicios
Pese al panorama antes descrito, los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura prosiguen. Hasta el momento, en Argentina ya fueron juzgados y condenados un total de 1237 represores. Actualmente, están abiertos 13 juicios orales en todo el país.
Misiones es una de las únicas cinco provincias con juicios abiertos.
Según información confirmada a Revista Pesos por la Comisión Especial de Seguimiento de los Juicios por la Verdad que funciona en el seno de la Legislatura provincial, hay dos juicios en trámite. Uno de ellos (causa Caggiano Tedesco III), está a cargo del Tribunal Oral Federal de Posadas y fue suspendido en noviembre del año pasado por cuestiones vinculadas a la salud de los acusados. Esta instancia juzgará a acusados por los crímenes cometidos contra Egidio Ramón Cristaldo, quien relató que estuvo privado de su libertad durante 18 meses, a partir del 24 de marzo de 1976, y que fue llevado a la Sección de la Gendarmería Nacional ubicada en la localidad de Puerto Rico, Misiones, donde fue sometido a interrogatorios bajo tormentos. Se sentarán en el banquillo José Santiago Neironi, exjefe de la Sección Puerto Rico de la Gendarmería Nacional, y Pedro Roque Mamani y Juan Antúnez Proeza, exsargentos del Escuadrón 11 de esa fuerza de seguridad federal.
Hasta aquí, en Misiones se realizaron cinco juicios por delitos de lesa humanidad, mientras que en noviembre del año pasado (2025) la jueza federal Zunilda Niremperger dictó sentencia por la desaparición y muerte del posadeño Carlos Tereszecuk, quien fue visto con vida por última vez en la Jefatura de Policía de Resistencia (Chaco) y cuyo cadáver fuera arrojado al río Paraná y posteriormente sepultado como NN en el Cementerio de Empedrado, provincia de Corrientes.
Otra condena importante vinculada a nuestra provincia es la que dictó el Juzgado Federal N°1 de Paraná en 2020 al periodista Carlos Carvallo, quien durante décadas fue uno de los periodistas radiales más conocidos en Misiones por su labor en la FM Show y otros medios. Carvallo fue detenido en 2018 luego de cuatro años prófugo. Después de 40 años de impunidad, la Justicia lo condenó por las torturas y privación ilegal de la libertad del ciudadano entrerriano Manuel Ramat. La investigación determinó que durante la dictadura Carvallo oficiaba como policía y espía.
Los avances en materia judicial se ven cada vez más limitados por la desarticulación de las áreas jurídicas del Estado antes abocadas a tareas clave en el marco de las causas por crímenes de lesa humanidad, con el consecuente despido de profesionales que incluso se habían constituido como querellantes, tal es el caso en Misiones del Dr. Rafael Pereyra Pigerl, para quien “queda en claro que, para el Poder Ejecutivo, los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura y el terrorismo de Estado ya no constituyen fundamentos del Estado de Derecho”.
Foto: Marcos Mattos. La fotografía forma parte de una muestra compuesta por más de 20 imágenes del autor sobre la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que será expuesta en la Asociación Cultural Sanmartiniana (calle Junín, entre Catamarca y Salta) desde el 24 de marzo en Posadas, Misiones.
Pesada herencia
Sesenta y cinco personas desaparecidas y asesinadas. Torturas y violaciones. Las consecuencias de la represión sobre los cuerpos en Misiones se desplegaron tanto en la ruralidad como en los ámbitos urbanos. Campesinos, estudiantes, científicos, docentes, dirigentes gremiales, políticos, amas de casa. Muchas víctimas sobrevivieron y pudieron brindar sus invaluables testimonios. Numerosas investigaciones académicas, institucionales y periodísticas plasman reconstrucciones de enorme relevancia para entender las implicancias de la dictadura en Misiones desde diferentes ángulos.
En lo económico y político, la provincia también padeció los efectos devastadores del modelo impuesto por los gobiernos de facto. Un testimonio importante en esta dirección es el archivo del documento publicado el 13 de noviembre de 1980 en el periódico Econorte por la Comisión de Defensa de los Legítimos Intereses de Misiones (CODELIM), un espacio multisectorial que se plantó ante el gobierno de facto con una proclama pública que exigía el regreso de la democracia y le cuestionaba el rumbo económico y social.
En sus 18 puntos, la proclama denunciaba abiertamente la enajenación de bienes del Estado misionero, la corrupción y el deterioro brutal de las economías familiares, rurales e industriales en la provincia. Así mismo, el documento exigía el regreso de la democracia.
Uno de los puntos del documento muestra una curiosa coincidencia con hechos de público conocimiento en el presente. Textual: “Que como nunca, existe un uso discrecional de todos los medios de movilidad oficiales, llegando al extremo límite de disponer del avión de la provincia para el servicio de vacaciones del gobernador, a las playas brasileñas de Camboriú”.
La alusión era para el gobernador de facto y represor Rubén Norberto Paccagnini, quien tras la publicación de la carta abierta, enfurecido, ordenó encarcelar a todos los firmantes, entre quienes se encontraban legisladores, ministros, jueces, funcionarios, dirigentes gremiales y personalidades de la cultura. Para ello se valió de la denuncia del fiscal Julio Alberto Cabral. La causa recayó en el Juzgado a cargo del Dr. Ricardo Biazzi, quien rechazó de plano la acusación, sentando un inmenso precedente de resistencia al autoritarismo en plena dictadura. Paccagnini terminó condenado por crímenes de lesa humanidad en 2012, junto a otros marinos responsables de la Masacre de Trelew ocurrida el 22 de agosto de 1972. Murió en 2019.
Hace más de diez años, el profesor de historia y escritor Luis Fernando Beraza escribió un artículo titulado El sangriento asalto al poder, publicado en la revista Newsweek. Uno de sus párrafos, centrado en la impronta del modelo económico de la dictadura cívico-militar, observa lo siguiente:
“Con el anticuado argumento de la productividad, la eficiencia y la modernización, el país quedaba a merced de un grupo de hombres de negocios –nacionales y extranjeros– que harían de Argentina un país nuevo. A Martínez de Hoz y su gente no se les escapaba que, al ahogar la producción local con la apertura y las altas tasas de interés, transformarían a los empresarios nacionales en rentistas o financistas, los obreros pasarían a ser proletarios y los pobres sumarían en una nueva categoría –desconocida en ese momento–: los indigentes. La clase media, todavía con pleno empleo, aprovecharía para colocar sus ahorros en los bancos, viajar y comprar cuanto artículo importado se pusiera delante de sus ojos. En pocas palabras, una política económica que incrementaría los instintos de codicia individual de la clase alta y media, y de ruptura de la cohesión de las organizaciones de trabajadores, tradicionalmente peronistas. Si con ello no alcanzaba, la represión sería el remedio eficaz”.
Cualquier similitud en el diagnóstico con la actualidad argentina no es en absoluto una casualidad. Por eso elijo esas palabras para cerrar este escrito, convencido de la urgencia de seguir defendiendo la memoria y condenando el genocidio, en un presente que aun en plena vigencia del sistema democrático, encuentra resquicios para arrastrarnos a la oscuridad de aquel pasado.
Sergio Alvez
23 de marzo de 2026
Posadas, Misiones
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